El Decreto 47-2008 y sus acuerdos complementarios establecen un entorno seguro y confiable para el uso de firmas electrónicas en Guatemala, asegurando su validez legal y protegiendo los derechos y datos de los usuarios. Esta legislación se enfoca en varios aspectos importantes que contribuyen a un marco integral y robusto para la implementación de las firmas electrónicas.

Este acuerdo crea el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación (RPSC), que es responsable de acreditar a las entidades que emiten certificados digitales. El registro garantiza que los prestadores de servicios cumplen con los estándares de seguridad y confiabilidad necesarios para emitir certificados digitales válidos. Esta acreditación es fundamental para asegurar que las firmas electrónicas sean seguras y legalmente vinculantes.

Este reglamento detalla las disposiciones de la Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas, proporcionando directrices específicas para la implementación y el uso de firmas electrónicas. Incluye requisitos técnicos y procedimientos para la creación, verificación y validación de firmas electrónicas, asegurando que todas las partes involucradas en una transacción electrónica puedan confiar en la autenticidad e integridad del documento firmado.

Introduce reformas al reglamento inicial del Acuerdo Gubernativo 135-2009, actualizando y mejorando las normas para adaptarse a las necesidades cambiantes y a la evolución tecnológica. Estas reformas incluyen ajustes en los procedimientos de certificación, la inclusión de nuevas tecnologías de firma electrónica, y mejoras en los mecanismos de verificación y validación de firmas electrónicas para asegurar que se mantengan seguras y eficientes.

Esta reforma actualiza el reglamento de la Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas para incluir nuevas tecnologías y prácticas, asegurando que las normas se mantengan relevantes y efectivas. La actualización abarca la inclusión de nuevas modalidades de firma electrónica, mejoras en la seguridad de los procesos de certificación, y la adaptación a las mejores prácticas internacionales en el uso de firmas electrónicas.